La primavera supone mayor actividad para sectores primarios como el de los frutos rojos, con picos de producción y cosecha que genera beneficios de riqueza y empleo para algunas comarcas como la costa de Huelva. Sin embargo, la demanda de mano de obra se dispara y no habiendo suficiente disponible en origen, recurrimos a mano de obra extrajera para poder acometer las labores propias del sector en esta época. Miles de personas extrajeras pasan varios meses en España para ejercer como mano de obra, en algunos casos, sin “las condiciones de vida mínimamente digna que, como derechos fundamentales reconocidos debemos ofrecerles”, afirma la Fundación Savia. Se generan poblados de chabolas con unas condiciones insalubres e indignantes, asegura la organización en una misiva remitida a la Ministra de Asuntos Social y Agenda 2030, Ione Belarra.
Savia se une a diversas organizaciones sociales, como Andalucía Acoge, que denuncian esta situación y Jornalera de Huelva en Lucha. Opinan que las mujeres son nuevamente el colectivo más vulnerable y desprotegido. Se han promovido otras iniciativas que “han denunciado la situación ante el Defensor del Pueblo, diversos ministerios e incluso la Unión Europea”, asegura la organización presidida por Francisco Casero.
Esta entidad prevé que en las próximas semanas “tendremos en Huelva el mayor número de trabajadores del campo de todo el año” pudiendo ocasionarse situaciones de tensión social y asistencial, por lo que, instan a la Ministra de Asuntos Sociales, “a que el ámbito de sus competencias ponga en marcha las medidas oportunas para que se eviten conflictos de precariedad en las condiciones laborales y de vida de tanta gente que vienen a nuestra tierra a trabajar”, pieza fundamental para el sector, declaran.
Por otra parte, consideran irrefutable “que se articulen los mecanismos necesarios para que todas estas personas puedan contar con los servicios de sanidad, educación, acceso al agua, a la energía y la vivienda digna que se corresponden con nuestro estado de derecho”.
Para finalizar, piden que se les considere ciudadanos de pleno derecho con la concesión de permisos de residencia temporales y que, para conocer la situación de primera mano, se entreviste con las entidades sociales y visite la comarca y los asentamientos para valorar adecuadamente la dimensión del problema.
